Luego de la polémica desatada entre el oficialismo y la oposición, por la eliminación del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la Corte de Justicia en dos miembros más, el gobernador Raúl Jalil y el vicegobernador Rubén Dusso recibieron ayer a representantes de la UNCa, de la Facultad de Derecho, de la Asociación de Magistrados y del Colegio de Abogados, para avanzar con un plan de trabajo que permita generar un órgano provisorio para la selección de jueces.
Además, en la misma reunión, se abrió el diálogo para avanzar con la reforma de la Constitución provincial.
En el encuentro se decidió conformar un Consejo Consultivo, que estará integrado por el decanato de la Facultad de Derecho, la presidencia de la Asociación de Magistrados, la presidencia del Colegio de Abogados y la presidencia del Colegio de Psicólogos.
Este organismo funcionará como órgano de consulta y selección, hasta que se establezcan los mecanismos constitucionales para la designación de magistrados en forma independiente a los tres poderes del Estado.
Sobre el planteo de una reforma constitucional, el gobernador Raúl Jalil destacó “la importancia y la necesidad de buscar en conjunto un núcleo de coincidencias básicas para una reforma del Estado y de la Constitución provincial”.
En este sentido, el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Flavio Fama, destacó que hay “coincidencias y divergencias que tienen que solucionarse con diálogo” y enfatizó que desde la casa de altos estudios existe “una firme vocación de participar en este y en todos los debates necesarios”.
Fama también remarcó que está “absolutamente de acuerdo (con la reforma constitucional) y me parece que es el momento social y político para hacerlo”.
Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Salerno, aseguró que se debe avanzar hacia una “reconfiguración de la forma de seleccionar magistrados” y bregó por la conformación de “una mesa de diálogo para realizar aportes que permitan sentar nuevas bases para Catamarca”.
Desde la Asociación de Magistrados, Marcia Losada Figueroa expresó que “cualquier proceso de autolimitación de cualquier poder es positivo porque todos los procesos son perfectibles” y explicó -en particular sobre el Poder Judicial- que existe una necesidad de “transparentar e informatizar los procesos”.
Por otro lado, la presidenta del Colegio de Abogados, Fernanda Rosales, aseguró que existen sistemas inherentes al Poder Judicial que “claramente, no están funcionando y, por esta razón, se debe debatir para enriquecer las instituciones y proponer más opciones que transparenten los procesos”.

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