El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRE), autorizó un incremento de la tarifa del servicio de agua potable y cloacas. En total, el aumento será de 119,21% dividido en dos partes. La primera será del 66% y empezará a regir a partir del 1 de junio, mientras que la segunda, será del 53,21% e impactará a partir del 1 de octubre.

La última actualización tarifaria que se había aprobado fue en diciembre de 2018. Es decir que el incremento se dará luego de dos años y cuatro meses, aproximadamente. En esa oportunidad, el aumento fue de un 209,23% y también se aplicó en dos tramos.

El organismo de control tomó esta decisión en base al pedido de incremento solicitado por la empresa prestaría del servicio, Aguas de Catamarca SAPEM y a una propuesta alternativa realizada por una consultora externa contratada por el propio ENRE.

Asimismo, fue parte del análisis para tomar la determinación, lo planteado en la audiencia pública realizada por el ente para analizar el requerimiento de la empresa.

Primeramente, la empresa estatal había pedido un aumento del 177% teniendo en cuenta su situación económica y el incremento en los costos para poder dar el servicio. Entre varias cuestiones, informó que los costos operativos directos pasaron de $98 millones en 2018 a $177 millones en 2020, lo que significó un incremento del 80%. Además, resaltó una pérdida de $149 millones en 2018 y de $272 millones en 2020, lo que significó un incremento del 82% en la caída de los ingresos.

De la misma manera, planteó que el valor actual de la tarifa es de $282 y que en promedio, el incremento pasará a ser de $300.
Posteriormente y en cuanto a la «propuesta alternativa», el ENRE contrató a la consultora SIGLA S.A., quien analizó los números de la empresa. En este marco, la consultora contratada planteó varias diferencias en cuanto a los números ofrecidos por la empresa para justificar el aumento.

Estas diferencias se dieron en la incidencia de los rubros que componen los costos de la empresa, los cuales son tomados por la firma para fundamentar el pedido de incremento.

Mientras Agua de Catamarca SAPEM afirmaba que la incidencia del personal en sus costos era del 65%, la consultora consideró que es del 61%. En ese marco, cuestionó que el incremento salarial otorgado en estos dos años haya sido del 185%, cifra que superado ampliamente los observados en los índices de la economía.

En lo que refiere a la energía eléctrica, la empresa dijo que el costo es 0, ya que del mismo se hace cargo la Provincia, sin embargo la consultora propuso que sea del 3% al promediar las incidencias porcentuales de junio de 2018 y octubre de 2020.

Por otra parte, la empresa sostuvo que la incidencia del rubro “materiales de construcción” es del 3% y la consultora consideró que en realidad es del 33%.

Finalmente, el concepto «otros costos» la empresa sostuvo que tiene una incidencia del 32%, mientras que para la consultora es del 33%, ya que la firma subestimó algunos ítems que ingresan en este apartado como por ejemplo contratos con terceros, gastos en comunicaciones, impresión distribución de facturas y costos de oficina.

En base a todo este análisis, la consultora consideró que el aumento debe ser del 154% teniendo en cuenta los distintos factores de incidencia en la tarifa.

En su resolución, el ENRE consideró que en cuanto a los rubros que componen la estructura de costos y las incidencias porcentuales de los mismos «es adecuada la propuesta realizada por la consultora».

Planteos de la oposición
En una parte de la resolución, el ENRE se refiere a los planteos que realizó el diputado opositor Luis Lobo Vergara en la audiencia para analizar el aumento en las tarifas. En ese contexto, resaltó que no era objetivo de la audiencia analizar la calidad del servicio, ni las sanciones que corresponden por la mala calidad del servicio.

En esa oportunidad, el legislador (que anteriormente formaba parte del directorio del ente regulador), había planteado que el objetivo de la audiencia debía ser el análisis de la prestación del servicio y no de los costos. En ese marco, había cuestionado al ENRE al sostener que el organismo no estaba realizando un análisis conforme a lo que establece la ley de su creación, ya que no se habían hecho consideraciones sobre la calidad del servicio que «son necesarias para entender la razonabilidad del aumento solicitado» y que no se había evaluado la eficacia del gasto.

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