En los primeros días de este mes el Gobierno nacional oficializó la creación del Sistema de Gestión de Beneficiarios (Sigebe) en el Boletín Oficial. Con este instrumento -que lleva la firma del secretario de Vivienda y Hábitat, Domingo Luis Amaya- la cartera del Interior, que conduce Rogelio Frigerio, avanzará en “registrar, identificar, seleccionar y adjudicar viviendas sociales que son construidas con fondos públicos”.

En este marco, desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) señalaron a El Esquiú.com que están obligados a su adhesión de acuerdo a una resolución ministerial.

Según lo expuesto en los considerandos de oficialización, el Sigebe administrará la Base Única de Beneficiarios (BUB), cuyo objeto es la registración y actualización de la información referida a los beneficiarios del Plan Nacional de Vivienda (PNV).

Dentro de esta resolución se desprende que “podrán adherir voluntariamente al Sistema de Gestión de Beneficiarios (Sigebe) todos aquellos entes ejecutores que hubieren promovido y financiado proyectos de soluciones habitacionales en sus jurisdicciones con fondos propios o nacionales”.

Es decir, insta a las carteras provinciales encargadas de brindar soluciones habitacionales a acoplarse primero a la Base Única de Beneficiarios (BUB) y consecuentemente, al Sigebe.

De acuerdo a lo que explicaron desde el IPV, en la resolución ministerial del nuevo programa de vivienda social se establece que a los 90 días deben girarse los postulantes a las nuevas viviendas financiadas por Nación. En otras palabras, se los obliga a adherirse al programa en cuestión.

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Además, en el Instituto Provincial de la Vivienda rescataron que desde el inicio de la gestión de Lucía Corpacci se puso en funcionamiento el Sistema Único de Postulantes, el cual consta de distintos filtros.

En este sentido, explicaron que el primer paso es la declaración jurada. Esto le permite al IPV renovar toda la documentación. Una vez que se realiza esta declaración se procede a encarar la visita social.

Para este caso, la medida permite conocer la realidad de cómo vive la familia beneficiaria.

A la vez, recalcaron que en este proceso el área de Informática realiza un entrecruzamiento de datos.

Primero es con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), posteriormente con la dirección de Catastro de la provincia y paralelamente, con el área de Catastro de las comunas.

En el proceso también tienen participación las áreas sociales de los municipios puesto que entregan materiales y terrenos. Eso sí, todo el proceso lleva un periodo de investigación.

Así las cosas, desde el IPV indicaron que una vez pasados estos filtros el grupo familiar está listo para ser postulante.

Luego, para ser adjudicatario de la vivienda, se toman los resultados de los parámetros a los que se les suman otros más. Estos son: años de antigüedad y grupo familiar, entre otros factores.

“De esta manera, el IPV disipó todo tipo de especulaciones políticas”, dejaron en claro desde el organismo que administra Dante López Rodríguez.

En el IPV contemplaron que la secretaría de la Vivienda de Nación “al crear el nuevo sistema toma casi los mismos parámetros de Catamarca”.

Finalmente, remarcaron que la provincia está adherida al Sintys desde el 2012: “La información de este sistema es muy completa, ya que está vinculado con todas las provincias”.

 

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